sexo virtual

¿Es lícito que los esposos practiquen el sexo virtual?

Pregunta:

Estimados:

            Mi esposa y yo tenemos dudas sobre el asunto del sexo virtual y otras cosas derivadas de Internet (chats de sexo, correo electrónico con contenido erótico, etc.). ¿Qué hay si como pareja participamos en esto? ¿Qué tipo de pecado es este? ¿Infidelidad? ¿Hay culpa sobre el pecado de otras personas involucradas (por ej. si la pareja platica sobre actividad sexual con otra persona? ¿Es pecado grave?

 Respuesta:

            El primer principio de la sexualidad matrimonial es que a quienes están legítimamente unidos en matrimonio les es lícito el uso de su matrimonio respetando las leyes del acto conyugal: su dimensión unitiva y su dimensión procreativa. De aquí se sigue un segundo principio (derivado del anterior): todo cuanto se ordene a la plena realización de estas dos dimensiones juntas (es decir, a realizar más plenamente el acto conyugal, abierto a la vida) es lícito a los esposos y se conoce como “intimidades conyugales”.

            La ilicitud e inmoralidad de cualquier acto relacionado con la castidad en el caso de quienes están casados se mide por estos dos parámetros. Por tanto un acto sexual: 1º es inmoral si se le priva de su ordenación a la procreación (cualquier acción anticonceptiva); 2º es inmoral si se le priva de su ordenación a la unión y fidelidad conyugal.

            En el caso que plantea la consulta (suponiendo que se salve el primer aspecto, es decir, que no haya intenciones ni métodos anticonceptivos de por medio), la pornografía virtual atenta, en cuanto cónyuges, a su fidelidad mutua, pues tal pornografía supone: miradas, imaginaciones, conversaciones, deseos lujuriosos con imágenes o personas distintas del legítimo cónyuge.

            Se trata de un pecado grave contra la castidad matrimonial. Los pecados contra el sexto y noveno mandamiento no admiten parvedad de materia. Y no disminuye esta acción el que ambas personas sean casadas, y actúen con mutuo consentimiento, pues los derechos matrimoniales son irrenunciables, es decir, un cónyuge no puede dar permiso al otro para que use mal de su castidad ni solo ni con otra persona.

            En cuanto a la colaboración en el pecado de otras personas, se trata de colaboración en pecado grave y escándalo (escándalo quiere decir que una persona da motivo grave para que otro peque), y agrava evidentemente el pecado.

hijos

¿Qué se considera “causa grave” para espaciar los hijos?

Pregunta:

A raíz del artículo publicado en relación a cuántos hijos se debe tener en el matrimonio, estoy interesada en saber si usted me podría guiar para investigar qué es una causa grave para no tener hijos. Le agradezco el servicio que presta, y que Dios lo bendiga.

Respuesta:

Estimada:

Entre las circunstancias que justifican el recurso a los métodos naturales para regular los nacimientos yo señalaría las diversas situaciones matrimoniales o familiares que hacen a veces necesario, otras conveniente, y en otros casos al menos justifican, el recurrir a la abstención periódica. El Papa Pablo VI escribía en la Humanae vitae: “Si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio sólo en los períodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales…”[1].

Decía el Papa Juan Pablo II: “A veces, incluso cuando están claramente abiertas a la vida, las parejas se ven obligadas a espaciar los nacimientos, no por motivos egoístas, sino precisamente por un sentido de responsabilidad objetivo. Situaciones de pobreza, o problemas serios de salud, pueden hacer que la pareja no esté preparada para recibir el don de la vida nueva. El hecho de que en algunos casos las mujeres se vean obligadas a trabajar fuera de casa cambia la concepción del papel de la mujer en la sociedad, y en el tiempo y en la atención que dedica a la vida familiar. En especial, algunas políticas familiares establecidas por los legisladores no facilitan los deberes procreativos y educativos de los padres. La Iglesia, por tanto, reconoce que puede haber motivos objetivos para limitar o distanciar los nacimientos, pero recuerda, en sintonía con la Humanae vitae, que las parejas deben tener ‘serios motivos’ para que sea lícito renunciar al uso del matrimonio durante los períodos fértiles y hacer uso durante los períodos infértiles para expresar su amor y salvaguardar su recíproca fidelidad”[2].

Se habla pues de motivos “objetivos” y de motivos “serios”. ¿Cuáles son? Pío XII hablaba de “indicación’ médica, eugenésica, económica y social”[3]. Se trata, pues, de cuatro razones fundamentales:

  • Médica: por ejemplo, salud precaria, enfermedades crónicas, partos difíciles, embarazos con graves dificultades. Se podrían añadir aquí algunas indicaciones de orden psicológico como desentendimientos graves entre los cónyuges, alteraciones psíquicas manifiestas, etc.
  • Eugenésica: la posibilidad o certeza de engendrar hijos afectados por taras (esquizofrenia, ceguera o sordera hereditaria, etc.).
  • Económica: un porvenir muy incierto, pobreza grave.
  • Social: problemas de trabajo, de vivienda, incapacidad educativa de los padres, vicios que afectan a la responsabilidad sobre los hijos (alcoholismo, drogadicción, etc.). Podría indicarse también aquí el deseo de distanciar prudentemente los nacimientos para poder atender mejor las necesidades educativas de los hijos ya nacidos.

¿Cuál es el fundamento por el que tales circunstancias de la vida familiar o social pueden justificar la regulación de los nacimientos? La razón es que la tarea de engendrar nuevas vidas es un deber positivo. Explica al respecto A. Peinador: “Los deberes positivos, sean de origen divino, sean de origen humano, no urgen cuando una dificultad notable los hace excepcionalmente duros; porque Dios, que es legislador y padre, y los hombres que han recibido de Él la potestad de mandar, tienen en cuenta, al promulgar sus preceptos, la debilidad inherente a la naturaleza caída, que en la mayoría de los hombres se traduce en imposibilidad de arrostrar incómodos extraordinarios por la consecución de un ideal noble y honesto, como es el fin de toda ordenación justa. Justo y nobilísimo es el fin de la procreación, contenido en el precepto dado a los casados de crecer y multiplicarse. Sin embargo, del deber de poner en práctica el medio únicamente bueno para conseguirlo pueden excusar razones graves. ‘En este caso –dice el papa Pío XII– se puede aplicar el principio general de que una prestación positiva puede ser omitida si graves motivos, independientes de la buena voluntad de aquellos que están obligados a ella, muestran que tal prestación es inoportuna o prueban que no se puede pretender equitativamente por el acreedor a tal prestación (en este caso el género humano)’”[4].

            No quiere decir esto que las referidas circunstancias “exijan” de los esposos el regular la natalidad. El carácter “extraordinario” de las antedichas situaciones justifica la decisión en conciencia de no realizar –mientras las mismas perduren– el bien de la fertilidad; pero no quiere decir esto que “obliguen” a renunciar a él. Los esposos siguen siendo libres de obrar con generosidad, confiando en la Divina Providencia, en la vocación de nuevos hijos a la vida aún a costa de penurias y sufrimientos. Dios no se deja ganar en generosidad.

P. Miguel A. Fuentes, IVE

 

Bibliografía:

Pablo VI, Enc. Humanae vitae;

Juan Pablo II, Exhortación Familiaris consortio;

Juan Pablo II, La paternidad y la maternidad responsables a la luz de la Gaudium et spes y de la Humanae vitae (Catequesis del 1/08/84; en: L’Osservatore Romano, 5/08/84, p. 3);

Juan Pablo II, Las enseñanzas de la Iglesia sobre la transmisión responsable de la vida humana, Discurso a los participantes en el Congreso Internacional (L’Osservatore Romano, 17/04/88, p. 11);

Juan Pablo II, Varón y Mujer. Teología del cuerpo, Palabra, Madrid 1996; Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2331-2400;

Caffarra, Carlo, Etica generale della sessualità, Ares, Milano 1992.

 

[1] Humanae vitae, 16. En nota el Papa se remitía a la doctrina ya expuesta por Pío XII.

[2] Cf. Juan Pablo II, Audiencia a los participantes del encuentro internacional sobre el tema: “La regulación natural de la fertilidad; la auténtica alternativa”, 11/12/92, nº 2.

[3] Pío XII, Discurso a la Unión Católica Italiana de Obstétricas, en ocasión del Congreso de la Unión de Obstétricas Católicas, Roma 29 de octubre de 1951; en: Pío XII y las Ciencias Médicas, Ed. Guadalupe, Bs.As. 1961, p. 110.

[4] Antonio Peinador, Moral profesional, B.A.C., Madrid 1962, nº 638; el discurso citado de Pío XII es el Discurso a la Unión Católica Italiana de Obstétricas, citado en nota anterior.

¿Cuáles son los deberes y los derechos de los esposos?

Pregunta:

¿Cómo se puede de manera sistemática definir cuáles son los derechos y los deberes del matrimonio? De igual manera: ¿cuáles son los bienes del matrimonio? Gracias y que Dios los bendiga.

Respuesta:

Estimado: Respondo a sus dos consultas.

I. Los deberes y derechos del matrimonio

El Código de Derecho Canónico dice simplemente: «Ambos cónyuges tienen igual obligación y derecho respecto de lo que corresponde al consorcio de la vida conyugal. Los padres tienen la obligación gravísima y el derecho primario de procurar en la medida de sus fuerzas la educación de la prole, tanto física, social y cultural, como moral y religiosa»[1].

Aquí están indicados:

1) De forma implícita los deberes de los cónyuges entre sí y respecto de la sociedad. En otro canon se dice: «Quienes viven en el estado conyugal, según su propia vocación, tienen el peculiar deber de trabajar, a través del matrimonio y la familia, en la edificación del Pueblo de Dios»[2].

  • Hay que considerar deber de los esposos el transmitir la vida: «…El deber de transmitir la vida humana y de educarla… hay que considerar(lo) como su propia misión»[3].
  • Es deber (y derecho) manifestar (y manifestarse) y hacer progresar el amor mutuo: «la propia naturaleza del vínculo indisoluble entre las personas y el bien de la prole requieren que también el amor mutuo de los esposos mismos se manifieste, progrese y vaya madurando ordenadamente»[4].
  • Los casados tienen también obligación de vivir juntos y de ayudarse uno al otro en las necesidades de la vida.
  • Singularmente tienen obligación de prestarse al débito conyugal, es decir, el derecho a realizar los actos que los hacen aptos para la generación de la prole (consecuentemente tienen el derecho de pedirlo a su cónyuge). No tienen, en cambio, «derecho al hijo»[5] sino a los actos naturales que posibilitan la concepción del hijo.

2) De forma explícita se mencionan los deberes de los padres respecto de sus hijos; a saber: procurar, según sus fuerzas, la educación de la prole en todos los campos: físico, social, cultural, moral y religioso. También se insiste en esto en el cánon 226, 2: «Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber de educarlos; por tanto, corresponde en primer lugar a los padres cristianos cuidar de la educación cristiana de sus hijos según la doctrina enseñada por la Iglesia». Sobre este punto insistió también la Gaudium et spes: «La educación de los hijos ha de ser tal, que al llegar a la edad adulta puedan, con pleno sentido de la responsabilidad, seguir la vocación, aun la sagrada, y escoger estado de vida; y si éste es el matrimonio, puedan fundar una familia propia en condiciones morales, sociales y económicas adecuadas. Es propio de los padres o de los tutores guiar a los jóvenes con prudentes consejos, que ellos deben oír con gusto, al tratar de fundar una familia, evitando, sin embargo, toda coacción directa o indirecta que les lleve a casarse o a elegir determinada persona[6].

En la Declaración Gravissimun educationis se insiste: «Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole, y, por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia, que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos»[7].

Al mismo tiempo esto es un derecho: «Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos de acuerdo con su propia convicción religiosa. Así, pues, el poder civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con auténtica libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente cargas injustas por esta libertad de elección. Se violan, además, los derechos de los padres si se obliga a los hijos a asistir a lecciones que no correspondan a la convicción religiosa de los padres o se impone un sistema único de educación del cual se excluya totalmente la formación religiosa»[8].

 II. Los bienes del matrimonio

Siguiendo a San Agustín siempre se han enumerado los bienes del matrimonio como la unidad, la fidelidad y la fecundidad. Así leemos en el Catecismo: «El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona –reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad–; mira a una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma; exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva; y se abre a la fecundidad. En una palabra: se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no sólo las purifica y consolida, sino las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos»[9].

P. Miguel A. Fuentes, IVE.

[1] Código de Derecho Canónico, c. 1135‐1136.

[2] Código de Derecho Canónico, c. 226, 1.

[3] Gaudium et spes, n. 50.

[4] Ibid.

[5] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2378.

[6] Gaudium et spes, n. 52.

[7] Gravissimum educationis, n. 3.

[8] Dignitatis humanae, n. 5.

[9] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1643.

objeción de conciencia

¿Es lícita la objeción de conciencia?

Pregunta:

Como usted estará ya al tanto, aquí en España tenemos un gran revuelo por el tema de la posible legalización de los matrimonios (o uniones, si usted prefiere) entre personas del mismo sexo (homosexuales). A mí me afecta directamente, pues desde hace una década trabajo civilmente en cuestiones matrimoniales y puedo verme involucrado en el futuro en el problema de tener que enfrentar una situación de estas. El gobierno, según ha divulgado en estos días, no consentiría que se hiciera objeción de conciencia ante una solicitud de matrimonio por parte de dos homosexuales. ¿Qué hago? Puede ser esto un problema muy serio para mí y para mi familia. De hecho le extiendo mi consulta al problema que también se ha planteado en España (en particular en Andalucía) con los farmacéuticos católicos que se han negado a vender productos abortivos por razones de conciencia, caso en el cual también el gobierno ha planteado la negación del derecho a presentar objeción de conciencia[1].

Respuesta:

La objeción de conciencia se define como la negativa a realizar actos o servicios a los que uno es obligado por alguna ley civil, invocando motivos éticos, científicos o religiosos. Hasta hace pocos años sólo se mencionaba este tema con relación al servicio militar, el uso de las armas y la guerra (objeción de conciencia y negativa de participar por cuestiones religiosas o morales en acciones bélicas u ordenadas a ellas).

Desde hace pocos años se ha ido extendiendo el problema a otros campos, entre otras cosas por lo que califica muy bien Rafael Navarro Valls –especialista español en este tema– como “una cierta incontinencia legal del poder”, por la cual muchos gobiernos vienen invadiendo en los últimos tiempos campos de la conciencia de forma sistemática[2].  La consulta hace referencia a una de las últimas acometidas de un poder civil (al menos en los momentos en que escribo esto) que es el intento español de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo lo que presenta problemas gravísimos de conciencia de parte de los jueces encargados del registro civil, alcaldes y concejales que deberían, según las leyes civiles, “autorizar” esos matrimonios[3], pero su empleo se ha hecho muy amplio teniendo aplicaciones en el campo de los servicios sanitarios que deben prestar médicos, enfermeros y otros profesionales, ante determinadas intervenciones que pueden estar relacionadas con la amenaza a la vida humana (aborto, eutanasia, píldoras abortivas) o a la salud (en particular la esterilización femenina o masculina), juramentos promisorios, etc. Afecta, pues, a médicos, enfermeros, farmacéuticos, profesionales de diagnóstico (por ejemplo en el diagnóstico prenatal, usado en algunas ocasiones para decidir la práctica del aborto selectivo), etc.  La objeción de conciencia cuando es legítima o auténtica tiene un fundamento en la antropología y en la ética natural y en la misma revelación. Desde el punto de vista antropológico y moral la conciencia es la guía de todo hombre y mujer y la norma próxima de su obrar y, por consecuencia, la fuente de su responsabilidad. Todo hombre y mujer debe responder de sus actos ante sí mismo, ante la sociedad y ante Dios; responder significa, a partir de una primera etimología, “res ponderare”, pesar la cosa, indicando que la persona en cuestión ha meditado o pesado (ponderare) sus acciones y ha visto que son lícitas; y, teniendo en cuenta una segunda etimología, respondere, a saber, dar cuenta o respuesta ante los demás por sus acciones personales. Nadie puede descargar, pues, la responsabilidad (bondad o malicia) de sus actos en los demás, por más que sean sus superiores, jefes o empleadores. En muchos casos no necesita saber la “razón” intrínseca de lo que se le pide (puede, pues, obedecer sin entender a veces el uso que se hará de algunas de sus acciones, como los soldados o los súbitos religiosos al recibir determinadas órdenes) pero sí es necesario que juzgue que el acto que se le manda, en sí mismo considerado, es bueno o por lo menos indiferente para poder realizarlo, o en caso contrario (conocida su intrínseca malicia) negarse a hacerlo (el pecado es el límite de toda obediencia: no se puede obedecer cuando nos mandan algo que es pecado, ni siquiera nuestros padres). Un acto puede sernos mandado por otro, y ese otro puede tener autoridad legítima sobre nosotros, pero el acto es nuestro, emana de nosotros y debe ser juzgado, pesado y valorado por nuestra conciencia, regla próxima de nuestras obras.  A su vez nuestra conciencia debe estar regulada por una norma suprema e infalible (pues nuestra conciencia es regla falible) la cual sólo puede ser la ley divina, ya sea natural (ley divina natural) o revelada (ley divina positiva). Por eso nuestra conciencia, a su vez, no puede ir jamás contra la verdad de la ley natural (lo cual vale para todo hombre, pues esta ley es accesible a toda razón humana seria) y de la ley revelada de Dios (en este último caso vale solo para los creyentes).  El fundamento revelado de esta doctrina lo tenemos en la misma enseñanza de los apóstoles, quienes ante una imposición arbitraria del Sanedrín (mandándoles que no predicasen más en el nombre de Jesús) enseñan firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5,29). Juan Pablo II cita el ejemplo de “las comadronas de los hebreos (que) se opusieron al faraón, que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños (Ex 1,17). Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento: Las parteras temían a Dios. Es precisamente de la obediencia a Dios –a quien sólo se debe aquel temor que es reconocimiento de su absoluta soberanía– de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada, en la certeza de que aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos (Ap 13,10)”[4].

La objeción de conciencia es un caso de resistencia (pasiva) a la orden injusta de la autoridad. Sus límites son los establecidos por la injusticia de cualquier mandato. Para que se entienda: una orden o ley puede ser injusta por emanar de una autoridad ilegítima (por ejemplo si ha accedido al poder de modo fraudulento o por violencia), o por ser desigual (imponiendo cargas desiguales a unos y otros por favoritismo), por ordenarse a un fin privado (por ejemplo si se mandasen obras que tienden a beneficiar a algunos grupos acomodados con el gobierno) o por mandar algo que en sí es injusto, en el sentido de ir contra la moral (prescribiendo una acción intrínsecamente inmoral). El planteamiento propio de la objeción de conciencia ineludible se da en este último caso (podría añadirse aquí también el caso en que el fin de una ley sea algo injusto como un impuesto que será usado con malos fines; pero este caso es más delicado pues debe probarse este mal fin, y mientras no pueda probarse la presunción favorece la legitimidad de la ley, por eso lo dejo de lado). En las otras situaciones mencionadas puede darse cierta “tolerancia”: se puede tolerar (y hay casos en que incluso es obligatoria cierta tolerancia, por el bien común, como señala Santo Tomás) la autoridad ilegítima, e incluso cuando una autoridad (legítima o no) manda hacer algo que perjudica a unos más que a otros (como el pagar cargas impositivas desiguales), aunque en algunos de estos casos no haya obligación estricta de obedecer puede obedecerse si el bien común así lo requiere; pero nunca se puede obedecer, bajo ningún pretexto, cuando lo que se manda es en sí mismo inmoral.  Es aquí donde se plantea la objeción de conciencia, es decir, la resistencia (pasiva) al cumplimiento de una determinada orden (que por otra parte, por ser intrínsecamente injusta no es propiamente ley, por más que esté sancionada por una autoridad legítima, pues la ley positiva humana que se opone a una ley natural o a una ley divina carece del carácter de ley).  Esta objeción puede estar fundada en razones morales (la ley natural) o religiosas (las leyes positivas de la religión que se profesa). Se habla también de razones científicas (como el caso de la píldora con efectos abortivos, que los farmacéuticos que científicamente reconocen como abortiva, se niegan a vender basándose en estos presupuestos), pero creo que en el fondo ésta se puede reducir a una razón moral porque los datos científicos no hacen otra cosa que certificar al profesional que su acción constituye una injuria a la vida humana, a su dignidad, o a su integridad física, por lo que en definitiva se remonta a un principio moral[5].

Toda sociedad (y el gobierno que la rige) debe respetar la conciencia de sus miembros como un derecho inalienable. Caso contrario, al obligarlos a obrar contra su conciencia, los obligaría a pecar (incluso cuando yerra, si su error es invenciblemente erróneo). Hagamos algunas distinciones para entender bien este principio. A la obligación de cada persona de obrar siguiendo la propia conciencia se corresponde la obligación para la autoridad de respetar la conciencia ajena; pero yo introduciría dos distinciones para evitar equívocos. La primera es entre respetar y tolerar; la segunda es entre respetar/tolerar una negativa a obrar o respetar/tolerar un presunto derecho o exigencia a obrar.

Ante todo, respetar o tolerar. Un estado debe respetar estrictamente toda objeción de conciencia realizada en consonancia con la verdad moral; es decir, cuando una persona se niega a realizar algo que objetivamente va contra la ley natural o la ley divina (como cuando un médico se niega a practicar un aborto o a suministrar medicamentos anticonceptivos o a realizar una esterilización). No está, en cambio, obligado a respetar como derecho cuando una persona presenta objeción de conciencia respecto de una acción que no es verdaderamente contraria a la ley natural ni a la ley divina, sino que está fundada en otras razones; tal ha sido el caso de los objetores de conciencia que no han querido hacer el servicio militar o ir a la guerra para defender a su país basados en cuestiones personales. La milicia en realidad no es contraria a la ley natural (antes bien, la misma ley natural manda que se defienda la patria amenazada y la misma persona que se niega a hacerlo aplica este principio cuando se la amenaza en sus bienes personales, como hace ante un usurpador o un ladrón que le quiere quitar sus cosas, por esta razón él podría deducir el error de su conciencia si hiciese el razonamiento correcto), pero si se trata de verdades no tan evidentes o no tan fácilmente deducibles para algunos, un estado, por el bien de la paz de sus miembros, puede tolerar estas objeciones –sin estar estrictamente obligado– suplantando lo que la persona se niega a realizar con otra acción ordenada al bien común (otro tipo de servicio que no sea militar, por ejemplo). Esto, evidentemente, mientras la objeción no acarree males injustos a un tercero inocente y pueda demostrarse la inconsistencia de la objeción en base a la ley natural.  En segundo lugar, hay que distinguir entre el atender la objeción de conciencia hecha para no obrar (abstenerse) determinadas acciones que afectan a la propia conciencia (que podría ser errónea) como hemos dicho en el párrafo anterior, y el atender el reclamo a obrar siguiendo la propia conciencia. En este segundo caso la tolerancia puede ser mucho más limitada (por ejemplo, el Tribunal Supremo norteamericano dictaminó improcedente la reclamación de la “Native American Church”, secta que impone el deber a sus adeptos de consumir peyote, una droga blanda). Por eso Juan Pablo II, en el Mensaje para la Jornada de la Paz, de 1991, reconocía: “la libertad de conciencia no da derecho a una práctica indiscriminada de la objeción de conciencia”[6].

Respecto de los casos en que está implicada la vida humana, o la dignidad del matrimonio el magisterio de la Iglesia católica ha sido muy claro. Así ya León XIII en 1881 decía: “Una sola causa tienen los hombres para no obedecer: cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas”[7].  De su parte Juan Pablo II en la Evangelium vitae ha dicho: “El respeto absoluto de toda vida humana inocente exige también ejercer la objeción de conciencia ante el aborto procurado y la eutanasia”[8]. Igualmente, hablando del aborto y la eutanasia el mismo pontífice ha afirmado: “La legislación favorable a semejantes crímenes, al ser intrínsecamente inmoral, no puede constituir un imperativo moral para el médico, que podrá recurrir lícitamente a la objeción de conciencia”[9].

En la Instrucción Donum vitae se lee: “La legislación civil de numerosos estados atribuye hoy día, ante los ojos de muchos, una legitimidad indebida a ciertas prácticas. Se muestra incapaz de garantizar la moralidad congruente con las exigencias naturales de la persona humana y con las ‘leyes no escritas’ grabadas por el Creador en el corazón humano. Todos los hombres de buena voluntad deben esforzarse, particularmente a través de su actividad profesional y del ejercicio de sus derechos civiles, para reformar las leyes positivas moralmente inaceptables y corregir las prácticas ilícitas. Además, ante esas leyes se debe presentar y reconocer la ‘objeción de conciencia’. Cabe añadir que comienza a imponerse con agudeza en la conciencia moral de muchos, especialmente de los especialistas en ciencias biomédicas, la exigencia de una resistencia pasiva frente a la legitimación de prácticas contrarias a la vida y a la dignidad del hombre”[10].  Igualmente la Carta a los Agentes de la Salud: “El hombre no puede jamás obedecer una ley intrínsecamente inmoral, y éste es el caso de una ley que admitiese, en línea de principio, la licitud del aborto. Esto quiere decir que médicos y enfermeras están obligados a defender la objeción de conciencia (…) La conciencia del bien inviolable de la vida y de la ley de Dios que la tutela, antecede a toda ley positiva humana. Cuando ésta la contradice, la conciencia afirma su derecho primario y el primado de la ley de Dios: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5,29)”[11]. Y también: “Además de ser un signo de fidelidad profesional, la objeción de conciencia del agente de la salud, auténticamente motivada, tiene el gran significado de denuncia social de una injusticia legal perpetrada contra la vida inocente e indefensa”[12].

Hablando de la objeción de conciencia para los investigadores y el problema del genoma humano, la Santa Sede ha dicho: “Sería deseable añadir el respeto de eventuales objeciones de conciencia de los investigadores y del personal sanitario, de modo que se reconozca a las personas que trabajan en estos sectores el derecho a negarse, por motivos de conciencia, a realizar intervenciones sobre el genoma humano”[13].

En cuanto al caso planteado cualquier funcionario llamado a “celebrar” un “matrimonio” entre personas del mismo sexo, así como un médico obligado a practicar un aborto o una eutanasia, puede ante todo plantear una “objeción de legalidad”, pues muchas de estas leyes colisionan no sólo con la ley natural y la ley divina sino con la misma ley civil al menos en muchos países (así por ejemplo, con las legislaciones que tutelan el matrimonio o la vida humana desde la concepción, vigentes en algunos países); por tanto, éste sería el primer paso, ya que se trata de una colisión de presuntas leyes con auténticas legislaciones (que por otra parte son anteriores y vigentes)[14]. En caso de no ser atendido este reclamo, puede plantearse también –y con todo derecho e incluso obligación– la objeción de conciencia.  No se va en esto contra la obligación que tiene todo funcionario de “cumplir las leyes” precisamente porque toda “ley y su aplicación están sujetos al respeto a los derechos fundamentales; entre ellos el de libertad de conciencia”[15], por tanto la misma ley tutela (o debería tutelar para ser justa y tener carácter obligante como ley) el derecho a ejercer tal objeción.

P. Miguel A. Fuentes, IVE.

Bibliografía:

Rafael Navarro-Valls, Javier Martínez-Torrón; con la colaboración de Rafael P. Palomino y Vicenzo Turchi, Las objeciones de conciencia en el derecho español y comparado, McGraw-Hill, Madrid 1997;

Gonzalo Muñiz Vega, La objeción de conciencia, Speiro, Madrid 1972 (especialmente sobre la objeción de conciencia militar);

Rafael Palomino, Las objeciones de conciencia: conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano, Ed. Montecorvo, Madrid 1994.

[1] He elegido esta consulta por lo actual, pero tengo igualmente otras por parte de farmacéuticos que enfrentan el mismo problema en cuanto a la venta de “medicamentos” abortivos, y he recibido oralmente otras de médicos a quienes se los obliga a asistir a personas que solicitan un aborto en los hospitales en que trabajan. Para todos valen los principios dados en esta respuesta.

[2] Cf. Entrevista concedida a Zenit, publicada el 25 de abril de 2005 (ref. ZS05042502).

[3] Utilizo esta expresión (matrimonio homosexual) sólo por el uso vulgar que se hace de ella; técnicamente es un oxímoron (del griego oxymoron, que significa la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, como cuando se dice “silencio atronador”) ya que según el Diccionario de la Real Academia Española (edición 19ª), en la primera de sus acepciones el matrimonio es “Unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante determinados ritos o formalidades legales”. Por tanto, no se debería siquiera hablar (si quisiéramos expresarnos con propiedad) de “matrimonio-homosexual”.

[4] Juan Pablo II, Evangelium vitae, 73.

[5] Esta cuestión la dejo abierta; tal vez pueda discutirse si hay una razón científica que pueda apoyar la objeción de conciencia independientemente de las razones éticas.

[6] Juan Pablo II, en el Mensaje para la Jornada de la Paz, 1991, “Si quieres la paz, respeta la conciencia de cada hombre” VI.

[7] León XIII, Encíclica Diuturnum Illud, 29 de junio de 1881

[8] Juan Pablo II, Evangelium vitae, 89.

[9] Juan Pablo II, Discurso a los participantes de un Congreso Internacional organizado por la Asociación de médicos católicos italianos, 7-7-2000. Hay muchas otras intervenciones de Juan Pablo, como por ejemplo, la Carta a todos los trabajadores, profesionales y artesanos de la ciudad de Roma, 4 (8-12-1998), en donde dice: “A menudo nos vemos en la necesidad de tener que elegir entre la coherencia con los valores y los principios que profesamos, incluso yendo contra corriente y pagando las consecuencias, y la aceptación de la lógica dominante en muchos ambientes, tal vez llegando a componendas con la propia conciencia. ¿Cómo afrontar estas difíciles situaciones? En las múltiples y arduas circunstancias de la vida, el cristiano sabe que puede contar con el don de la sabiduría, que se obtiene con la oración y se fortalece con la escucha de la palabra del Señor y con la obediencia al Magisterio de la Iglesia. Ese don del Espíritu, recibido en el bautismo y en la confirmación, ayuda a encontrar el camino que es preciso recorrer para dar testimonio de la verdad y del bien moral, si es necesario hasta la objeción de conciencia”.

[10] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum vitae, III.

[11] Pontificio Consejo para los Agentes de la Salud, Carta a los Agentes de la Salud, n. 143.

[12]Ibid., n. 144.

[13] Observaciones de la Santa Sede sobre la “Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos”, 27/5/1998, artículo 10. Por su parte el Cardenal J. Ratzinger, hablando de estos temas ha dicho: “Las leyes que contradicen los valores centrales no son justicia, regulan más bien la injusticia; no tienen carácter alguno de derecho. En relación con ellas uno no está obligado a obedecer; todavía más, se les debe oponer la objeción de conciencia. Para garantizar al menos un mínimo moral, el Estado debe conceder ‘a los médicos, a los operadores sanitarios y a los responsables de los hospitales el derecho a negarse a participar en la fase consultiva, preparatoria y ejecutiva de actos contra la vida…’. ‘Quien recurre a la objeción de conciencia debe quedar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano penal, disciplinar, económico y profesional’” (Joseph Ratzinger, La sacralidad de la vida humana, en: La fe como camino, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1997).

[14] Así por ejemplo lo ha expresado Rafael Navarro Valls, especialista en el tema de la objeción de conciencia en la legislación española a raíz del caso de los funcionarios que fuesen llamados, en caso de aprobarse la ley, a la celebración de uniones “matrimoniales” entre personas del mismo sexo: “Los jueces encargados del registro Civil (que son los que mayoritariamente intervienen en la celebración de matrimonios) pueden plantear, ante todo, la llamada objeción de legalidad ante el Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que cuando un juez considere que una norma con rango de ley aplicable al caso pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional. Así, pues, nos encontramos ante una primera objeción que parte del convencimiento por parte del juez de que tal norma (en este caso, la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo) no se adapta al marco de la Constitución. Esta posición no sería temeraria, si tenemos en cuenta que organismos de solvencia (Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Consejo del Poder Judicial y Consejo de Estado) han planteado, directa o indirectamente, dudas acerca de la constitucionalidad de la reforma legal en marcha. En concreto, la Real Academia de Jurisprudencia ha recalcado que la Constitución española establece una ‘garantía institucional’ a favor del matrimonio heterosexual. La existencia de una garantía institucional determina la inconstitucionalidad de las eventuales normas que tuvieran por objeto suprimir la susodicha institución o la de aquellas que la vacíen de su contenido propio” (declaraciones a Zenit, el 25 de abril de 2005; ref. ZS05042502).

[15] Cf. Rafael Navarro Valls, declaraciones a Zenit, el 25 de abril de 2005; ref. ZS05042502.

bautismo

¿Cómo era la práctica del matrimonio y del divorcio en los primeros siglos de la Iglesia?

Pregunta:

Estimados hermanos.  Leí su escrito sobre Jesucristo y el Divorcio. Me ha surgido una pregunta: ¿cómo era la práctica en la Iglesia apostólica y primitiva con respecto a los que se convertían y venían con una situación matrimonial irregular (casados divorciados, vueltos a casar)? ¿Se les bautizaba?  Agradecido por una respuesta. Fraternalmente.

Respuesta:

Estimado: La consulta que usted me hace no se planteó solamente durante los primeros tres siglos sino a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y especialmente durante la época de las grandes misiones en tierras de paganos. Los misioneros, tanto en América como en África, se encontraron con grandes dificultades al momento de bautizar infieles que habían estado casados de modo natural (y por tanto, con matrimonios válidos por ley natural) pero al solicitar el bautismo no convivían con su primera mujer (con la única con quien estaban válidamente casados) sino con otra; o bien convivían con ella y otras más (poligamia) y no estaban dispuestos a volver a tomar la primera o (en el segundo caso) quedarse con una sola mujer si ésta debía ser la primera. El problema es análogo al que Usted me consulta.

Para hacer frente a estas necesidades pastorales, en 1537 Paulo III autorizó a los indios polígamos convertidos que pudiesen tomar la que prefirieran de entre sus mujeres, si no recordaban o no sabían cuál había sido la primera. San Pío V, en 1571, fue más lejos todavía al concederles, «en virtud de su suprema autoridad apostólica», escoger por esposa legítima a la mujer que quieran (de entre aquellas con quienes estaban casados según su cultura poligámica), con tal de que ésta se bautice con ellos o después, despidiendo a las demás. Gregorio XIII, en 1585, trató de resolver el caso particular de los esclavos negros transportados a América o a otras partes de África que se habían vuelto a casar, ignorando la suerte de sus primeras esposas (si vivían o no, o –lo que representa más dificultad– si se habían convertido al cristianismo o no); también este Papa concede la facultad de casar válidamente, tras el bautismo, en estos casos.  Los tres casos (o al menos los dos últimos) alegan para intervenir, «la suprema autoridad apostólica». Y se apoyan en cuanto ya había dicho Inocencio III: «los matrimonios contraídos por los infieles, aunque sean verdaderos matrimonios, no se deben considerar de tal manera firmes que, en caso de necesidad, no puedan ser disueltos»[1]. Esta legislación ha sido recogida en el Código de Derecho Canónico[2]:

«1148. § 1. Al recibir el bautismo en la Iglesia católica, un no bautizado que tenga simultáneamente varias mujeres tampoco bautizadas, si le resulta duro permanecer con la primera de ellas, puede retener una de las otras, despidiendo a las demás. Lo mismo vale para la mujer no bautizada, que tenga simultáneamente varios maridos no bautizados.

  • 2. En los casos de que trata el § 1, una vez recibido el bautismo, el matrimonio se ha de contraer según la forma legítima, observando también, si es el caso, las prescripciones sobre los matrimonios mixtos y las demás disposiciones del derecho.
  • 3. Teniendo en cuenta la condición moral, social y económica de los lugares y de las personas, el Ordinario del lugar cuidará de que se provea suficientemente a las necesidades de la primera mujer y de las demás que hayan sido despedidas, según las normas de la justicia, de la caridad cristiana y de la equidad natural.
  1. El no bautizado que, una vez recibido el bautismo en la Iglesia católica no puede restablecer la cohabitación con el cónyuge no bautizado por razón de cautividad o de persecución, puede contraer nuevo matrimonio, aunque la otra parte hubiera recibido entre tanto el bautismo, quedando firme lo prescripto en el can. 1141».

La fundamentación teológica para entender la diferencia entre la posible disolución de estos vínculos (sólo por «suprema autoridad apostólica») y la imposibilidad del disolver el vínculo del matrimonio «rato y consumado», está dada por la teología sacramental (es decir, la diferencia entre matrimonio natural y matrimonio sacramental).

Bibliografía para profundizar:

HAMMAN, ADALBERT, Matrimonio y virginidad en la Iglesia Antigua, Desclée, Bilbao 2000.

MANZANARES‐MOSTAZA‐SANTOS, op. cit. en caso nº 4.

DOMINICI, G., La dissoluzione del matrimonio di due non battezati, Roma 1971.

L’OSSERVATORE ROMANO, El poder del Romano Pontífice y el matrimonio de los bautizados, L’OR, 20/11/98, 21.

[1] Cf. J.L. Lazcano, La potestad del Papa en la disolución del matrimonio de infieles, Madrid 1945, pp. 93‐110. 55 Código de Derecho Canónico, cc. 1148‐1149.

[2] Código de Derecho Canónico, cc. 1148‐1149.