objeción de conciencia

¿Es lícita la objeción de conciencia?

Pregunta:

Como usted estará ya al tanto, aquí en España tenemos un gran revuelo por el tema de la posible legalización de los matrimonios (o uniones, si usted prefiere) entre personas del mismo sexo (homosexuales). A mí me afecta directamente, pues desde hace una década trabajo civilmente en cuestiones matrimoniales y puedo verme involucrado en el futuro en el problema de tener que enfrentar una situación de estas. El gobierno, según ha divulgado en estos días, no consentiría que se hiciera objeción de conciencia ante una solicitud de matrimonio por parte de dos homosexuales. ¿Qué hago? Puede ser esto un problema muy serio para mí y para mi familia. De hecho le extiendo mi consulta al problema que también se ha planteado en España (en particular en Andalucía) con los farmacéuticos católicos que se han negado a vender productos abortivos por razones de conciencia, caso en el cual también el gobierno ha planteado la negación del derecho a presentar objeción de conciencia[1].

Respuesta:

La objeción de conciencia se define como la negativa a realizar actos o servicios a los que uno es obligado por alguna ley civil, invocando motivos éticos, científicos o religiosos. Hasta hace pocos años sólo se mencionaba este tema con relación al servicio militar, el uso de las armas y la guerra (objeción de conciencia y negativa de participar por cuestiones religiosas o morales en acciones bélicas u ordenadas a ellas).

Desde hace pocos años se ha ido extendiendo el problema a otros campos, entre otras cosas por lo que califica muy bien Rafael Navarro Valls –especialista español en este tema– como “una cierta incontinencia legal del poder”, por la cual muchos gobiernos vienen invadiendo en los últimos tiempos campos de la conciencia de forma sistemática[2].  La consulta hace referencia a una de las últimas acometidas de un poder civil (al menos en los momentos en que escribo esto) que es el intento español de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo lo que presenta problemas gravísimos de conciencia de parte de los jueces encargados del registro civil, alcaldes y concejales que deberían, según las leyes civiles, “autorizar” esos matrimonios[3], pero su empleo se ha hecho muy amplio teniendo aplicaciones en el campo de los servicios sanitarios que deben prestar médicos, enfermeros y otros profesionales, ante determinadas intervenciones que pueden estar relacionadas con la amenaza a la vida humana (aborto, eutanasia, píldoras abortivas) o a la salud (en particular la esterilización femenina o masculina), juramentos promisorios, etc. Afecta, pues, a médicos, enfermeros, farmacéuticos, profesionales de diagnóstico (por ejemplo en el diagnóstico prenatal, usado en algunas ocasiones para decidir la práctica del aborto selectivo), etc.  La objeción de conciencia cuando es legítima o auténtica tiene un fundamento en la antropología y en la ética natural y en la misma revelación. Desde el punto de vista antropológico y moral la conciencia es la guía de todo hombre y mujer y la norma próxima de su obrar y, por consecuencia, la fuente de su responsabilidad. Todo hombre y mujer debe responder de sus actos ante sí mismo, ante la sociedad y ante Dios; responder significa, a partir de una primera etimología, “res ponderare”, pesar la cosa, indicando que la persona en cuestión ha meditado o pesado (ponderare) sus acciones y ha visto que son lícitas; y, teniendo en cuenta una segunda etimología, respondere, a saber, dar cuenta o respuesta ante los demás por sus acciones personales. Nadie puede descargar, pues, la responsabilidad (bondad o malicia) de sus actos en los demás, por más que sean sus superiores, jefes o empleadores. En muchos casos no necesita saber la “razón” intrínseca de lo que se le pide (puede, pues, obedecer sin entender a veces el uso que se hará de algunas de sus acciones, como los soldados o los súbitos religiosos al recibir determinadas órdenes) pero sí es necesario que juzgue que el acto que se le manda, en sí mismo considerado, es bueno o por lo menos indiferente para poder realizarlo, o en caso contrario (conocida su intrínseca malicia) negarse a hacerlo (el pecado es el límite de toda obediencia: no se puede obedecer cuando nos mandan algo que es pecado, ni siquiera nuestros padres). Un acto puede sernos mandado por otro, y ese otro puede tener autoridad legítima sobre nosotros, pero el acto es nuestro, emana de nosotros y debe ser juzgado, pesado y valorado por nuestra conciencia, regla próxima de nuestras obras.  A su vez nuestra conciencia debe estar regulada por una norma suprema e infalible (pues nuestra conciencia es regla falible) la cual sólo puede ser la ley divina, ya sea natural (ley divina natural) o revelada (ley divina positiva). Por eso nuestra conciencia, a su vez, no puede ir jamás contra la verdad de la ley natural (lo cual vale para todo hombre, pues esta ley es accesible a toda razón humana seria) y de la ley revelada de Dios (en este último caso vale solo para los creyentes).  El fundamento revelado de esta doctrina lo tenemos en la misma enseñanza de los apóstoles, quienes ante una imposición arbitraria del Sanedrín (mandándoles que no predicasen más en el nombre de Jesús) enseñan firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5,29). Juan Pablo II cita el ejemplo de “las comadronas de los hebreos (que) se opusieron al faraón, que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños (Ex 1,17). Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento: Las parteras temían a Dios. Es precisamente de la obediencia a Dios –a quien sólo se debe aquel temor que es reconocimiento de su absoluta soberanía– de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada, en la certeza de que aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos (Ap 13,10)”[4].

La objeción de conciencia es un caso de resistencia (pasiva) a la orden injusta de la autoridad. Sus límites son los establecidos por la injusticia de cualquier mandato. Para que se entienda: una orden o ley puede ser injusta por emanar de una autoridad ilegítima (por ejemplo si ha accedido al poder de modo fraudulento o por violencia), o por ser desigual (imponiendo cargas desiguales a unos y otros por favoritismo), por ordenarse a un fin privado (por ejemplo si se mandasen obras que tienden a beneficiar a algunos grupos acomodados con el gobierno) o por mandar algo que en sí es injusto, en el sentido de ir contra la moral (prescribiendo una acción intrínsecamente inmoral). El planteamiento propio de la objeción de conciencia ineludible se da en este último caso (podría añadirse aquí también el caso en que el fin de una ley sea algo injusto como un impuesto que será usado con malos fines; pero este caso es más delicado pues debe probarse este mal fin, y mientras no pueda probarse la presunción favorece la legitimidad de la ley, por eso lo dejo de lado). En las otras situaciones mencionadas puede darse cierta “tolerancia”: se puede tolerar (y hay casos en que incluso es obligatoria cierta tolerancia, por el bien común, como señala Santo Tomás) la autoridad ilegítima, e incluso cuando una autoridad (legítima o no) manda hacer algo que perjudica a unos más que a otros (como el pagar cargas impositivas desiguales), aunque en algunos de estos casos no haya obligación estricta de obedecer puede obedecerse si el bien común así lo requiere; pero nunca se puede obedecer, bajo ningún pretexto, cuando lo que se manda es en sí mismo inmoral.  Es aquí donde se plantea la objeción de conciencia, es decir, la resistencia (pasiva) al cumplimiento de una determinada orden (que por otra parte, por ser intrínsecamente injusta no es propiamente ley, por más que esté sancionada por una autoridad legítima, pues la ley positiva humana que se opone a una ley natural o a una ley divina carece del carácter de ley).  Esta objeción puede estar fundada en razones morales (la ley natural) o religiosas (las leyes positivas de la religión que se profesa). Se habla también de razones científicas (como el caso de la píldora con efectos abortivos, que los farmacéuticos que científicamente reconocen como abortiva, se niegan a vender basándose en estos presupuestos), pero creo que en el fondo ésta se puede reducir a una razón moral porque los datos científicos no hacen otra cosa que certificar al profesional que su acción constituye una injuria a la vida humana, a su dignidad, o a su integridad física, por lo que en definitiva se remonta a un principio moral[5].

Toda sociedad (y el gobierno que la rige) debe respetar la conciencia de sus miembros como un derecho inalienable. Caso contrario, al obligarlos a obrar contra su conciencia, los obligaría a pecar (incluso cuando yerra, si su error es invenciblemente erróneo). Hagamos algunas distinciones para entender bien este principio. A la obligación de cada persona de obrar siguiendo la propia conciencia se corresponde la obligación para la autoridad de respetar la conciencia ajena; pero yo introduciría dos distinciones para evitar equívocos. La primera es entre respetar y tolerar; la segunda es entre respetar/tolerar una negativa a obrar o respetar/tolerar un presunto derecho o exigencia a obrar.

Ante todo, respetar o tolerar. Un estado debe respetar estrictamente toda objeción de conciencia realizada en consonancia con la verdad moral; es decir, cuando una persona se niega a realizar algo que objetivamente va contra la ley natural o la ley divina (como cuando un médico se niega a practicar un aborto o a suministrar medicamentos anticonceptivos o a realizar una esterilización). No está, en cambio, obligado a respetar como derecho cuando una persona presenta objeción de conciencia respecto de una acción que no es verdaderamente contraria a la ley natural ni a la ley divina, sino que está fundada en otras razones; tal ha sido el caso de los objetores de conciencia que no han querido hacer el servicio militar o ir a la guerra para defender a su país basados en cuestiones personales. La milicia en realidad no es contraria a la ley natural (antes bien, la misma ley natural manda que se defienda la patria amenazada y la misma persona que se niega a hacerlo aplica este principio cuando se la amenaza en sus bienes personales, como hace ante un usurpador o un ladrón que le quiere quitar sus cosas, por esta razón él podría deducir el error de su conciencia si hiciese el razonamiento correcto), pero si se trata de verdades no tan evidentes o no tan fácilmente deducibles para algunos, un estado, por el bien de la paz de sus miembros, puede tolerar estas objeciones –sin estar estrictamente obligado– suplantando lo que la persona se niega a realizar con otra acción ordenada al bien común (otro tipo de servicio que no sea militar, por ejemplo). Esto, evidentemente, mientras la objeción no acarree males injustos a un tercero inocente y pueda demostrarse la inconsistencia de la objeción en base a la ley natural.  En segundo lugar, hay que distinguir entre el atender la objeción de conciencia hecha para no obrar (abstenerse) determinadas acciones que afectan a la propia conciencia (que podría ser errónea) como hemos dicho en el párrafo anterior, y el atender el reclamo a obrar siguiendo la propia conciencia. En este segundo caso la tolerancia puede ser mucho más limitada (por ejemplo, el Tribunal Supremo norteamericano dictaminó improcedente la reclamación de la “Native American Church”, secta que impone el deber a sus adeptos de consumir peyote, una droga blanda). Por eso Juan Pablo II, en el Mensaje para la Jornada de la Paz, de 1991, reconocía: “la libertad de conciencia no da derecho a una práctica indiscriminada de la objeción de conciencia”[6].

Respecto de los casos en que está implicada la vida humana, o la dignidad del matrimonio el magisterio de la Iglesia católica ha sido muy claro. Así ya León XIII en 1881 decía: “Una sola causa tienen los hombres para no obedecer: cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas”[7].  De su parte Juan Pablo II en la Evangelium vitae ha dicho: “El respeto absoluto de toda vida humana inocente exige también ejercer la objeción de conciencia ante el aborto procurado y la eutanasia”[8]. Igualmente, hablando del aborto y la eutanasia el mismo pontífice ha afirmado: “La legislación favorable a semejantes crímenes, al ser intrínsecamente inmoral, no puede constituir un imperativo moral para el médico, que podrá recurrir lícitamente a la objeción de conciencia”[9].

En la Instrucción Donum vitae se lee: “La legislación civil de numerosos estados atribuye hoy día, ante los ojos de muchos, una legitimidad indebida a ciertas prácticas. Se muestra incapaz de garantizar la moralidad congruente con las exigencias naturales de la persona humana y con las ‘leyes no escritas’ grabadas por el Creador en el corazón humano. Todos los hombres de buena voluntad deben esforzarse, particularmente a través de su actividad profesional y del ejercicio de sus derechos civiles, para reformar las leyes positivas moralmente inaceptables y corregir las prácticas ilícitas. Además, ante esas leyes se debe presentar y reconocer la ‘objeción de conciencia’. Cabe añadir que comienza a imponerse con agudeza en la conciencia moral de muchos, especialmente de los especialistas en ciencias biomédicas, la exigencia de una resistencia pasiva frente a la legitimación de prácticas contrarias a la vida y a la dignidad del hombre”[10].  Igualmente la Carta a los Agentes de la Salud: “El hombre no puede jamás obedecer una ley intrínsecamente inmoral, y éste es el caso de una ley que admitiese, en línea de principio, la licitud del aborto. Esto quiere decir que médicos y enfermeras están obligados a defender la objeción de conciencia (…) La conciencia del bien inviolable de la vida y de la ley de Dios que la tutela, antecede a toda ley positiva humana. Cuando ésta la contradice, la conciencia afirma su derecho primario y el primado de la ley de Dios: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5,29)”[11]. Y también: “Además de ser un signo de fidelidad profesional, la objeción de conciencia del agente de la salud, auténticamente motivada, tiene el gran significado de denuncia social de una injusticia legal perpetrada contra la vida inocente e indefensa”[12].

Hablando de la objeción de conciencia para los investigadores y el problema del genoma humano, la Santa Sede ha dicho: “Sería deseable añadir el respeto de eventuales objeciones de conciencia de los investigadores y del personal sanitario, de modo que se reconozca a las personas que trabajan en estos sectores el derecho a negarse, por motivos de conciencia, a realizar intervenciones sobre el genoma humano”[13].

En cuanto al caso planteado cualquier funcionario llamado a “celebrar” un “matrimonio” entre personas del mismo sexo, así como un médico obligado a practicar un aborto o una eutanasia, puede ante todo plantear una “objeción de legalidad”, pues muchas de estas leyes colisionan no sólo con la ley natural y la ley divina sino con la misma ley civil al menos en muchos países (así por ejemplo, con las legislaciones que tutelan el matrimonio o la vida humana desde la concepción, vigentes en algunos países); por tanto, éste sería el primer paso, ya que se trata de una colisión de presuntas leyes con auténticas legislaciones (que por otra parte son anteriores y vigentes)[14]. En caso de no ser atendido este reclamo, puede plantearse también –y con todo derecho e incluso obligación– la objeción de conciencia.  No se va en esto contra la obligación que tiene todo funcionario de “cumplir las leyes” precisamente porque toda “ley y su aplicación están sujetos al respeto a los derechos fundamentales; entre ellos el de libertad de conciencia”[15], por tanto la misma ley tutela (o debería tutelar para ser justa y tener carácter obligante como ley) el derecho a ejercer tal objeción.

P. Miguel A. Fuentes, IVE.

Bibliografía:

Rafael Navarro-Valls, Javier Martínez-Torrón; con la colaboración de Rafael P. Palomino y Vicenzo Turchi, Las objeciones de conciencia en el derecho español y comparado, McGraw-Hill, Madrid 1997;

Gonzalo Muñiz Vega, La objeción de conciencia, Speiro, Madrid 1972 (especialmente sobre la objeción de conciencia militar);

Rafael Palomino, Las objeciones de conciencia: conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano, Ed. Montecorvo, Madrid 1994.

[1] He elegido esta consulta por lo actual, pero tengo igualmente otras por parte de farmacéuticos que enfrentan el mismo problema en cuanto a la venta de “medicamentos” abortivos, y he recibido oralmente otras de médicos a quienes se los obliga a asistir a personas que solicitan un aborto en los hospitales en que trabajan. Para todos valen los principios dados en esta respuesta.

[2] Cf. Entrevista concedida a Zenit, publicada el 25 de abril de 2005 (ref. ZS05042502).

[3] Utilizo esta expresión (matrimonio homosexual) sólo por el uso vulgar que se hace de ella; técnicamente es un oxímoron (del griego oxymoron, que significa la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, como cuando se dice “silencio atronador”) ya que según el Diccionario de la Real Academia Española (edición 19ª), en la primera de sus acepciones el matrimonio es “Unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante determinados ritos o formalidades legales”. Por tanto, no se debería siquiera hablar (si quisiéramos expresarnos con propiedad) de “matrimonio-homosexual”.

[4] Juan Pablo II, Evangelium vitae, 73.

[5] Esta cuestión la dejo abierta; tal vez pueda discutirse si hay una razón científica que pueda apoyar la objeción de conciencia independientemente de las razones éticas.

[6] Juan Pablo II, en el Mensaje para la Jornada de la Paz, 1991, “Si quieres la paz, respeta la conciencia de cada hombre” VI.

[7] León XIII, Encíclica Diuturnum Illud, 29 de junio de 1881

[8] Juan Pablo II, Evangelium vitae, 89.

[9] Juan Pablo II, Discurso a los participantes de un Congreso Internacional organizado por la Asociación de médicos católicos italianos, 7-7-2000. Hay muchas otras intervenciones de Juan Pablo, como por ejemplo, la Carta a todos los trabajadores, profesionales y artesanos de la ciudad de Roma, 4 (8-12-1998), en donde dice: “A menudo nos vemos en la necesidad de tener que elegir entre la coherencia con los valores y los principios que profesamos, incluso yendo contra corriente y pagando las consecuencias, y la aceptación de la lógica dominante en muchos ambientes, tal vez llegando a componendas con la propia conciencia. ¿Cómo afrontar estas difíciles situaciones? En las múltiples y arduas circunstancias de la vida, el cristiano sabe que puede contar con el don de la sabiduría, que se obtiene con la oración y se fortalece con la escucha de la palabra del Señor y con la obediencia al Magisterio de la Iglesia. Ese don del Espíritu, recibido en el bautismo y en la confirmación, ayuda a encontrar el camino que es preciso recorrer para dar testimonio de la verdad y del bien moral, si es necesario hasta la objeción de conciencia”.

[10] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum vitae, III.

[11] Pontificio Consejo para los Agentes de la Salud, Carta a los Agentes de la Salud, n. 143.

[12]Ibid., n. 144.

[13] Observaciones de la Santa Sede sobre la “Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos”, 27/5/1998, artículo 10. Por su parte el Cardenal J. Ratzinger, hablando de estos temas ha dicho: “Las leyes que contradicen los valores centrales no son justicia, regulan más bien la injusticia; no tienen carácter alguno de derecho. En relación con ellas uno no está obligado a obedecer; todavía más, se les debe oponer la objeción de conciencia. Para garantizar al menos un mínimo moral, el Estado debe conceder ‘a los médicos, a los operadores sanitarios y a los responsables de los hospitales el derecho a negarse a participar en la fase consultiva, preparatoria y ejecutiva de actos contra la vida…’. ‘Quien recurre a la objeción de conciencia debe quedar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano penal, disciplinar, económico y profesional’” (Joseph Ratzinger, La sacralidad de la vida humana, en: La fe como camino, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1997).

[14] Así por ejemplo lo ha expresado Rafael Navarro Valls, especialista en el tema de la objeción de conciencia en la legislación española a raíz del caso de los funcionarios que fuesen llamados, en caso de aprobarse la ley, a la celebración de uniones “matrimoniales” entre personas del mismo sexo: “Los jueces encargados del registro Civil (que son los que mayoritariamente intervienen en la celebración de matrimonios) pueden plantear, ante todo, la llamada objeción de legalidad ante el Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que cuando un juez considere que una norma con rango de ley aplicable al caso pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional. Así, pues, nos encontramos ante una primera objeción que parte del convencimiento por parte del juez de que tal norma (en este caso, la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo) no se adapta al marco de la Constitución. Esta posición no sería temeraria, si tenemos en cuenta que organismos de solvencia (Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Consejo del Poder Judicial y Consejo de Estado) han planteado, directa o indirectamente, dudas acerca de la constitucionalidad de la reforma legal en marcha. En concreto, la Real Academia de Jurisprudencia ha recalcado que la Constitución española establece una ‘garantía institucional’ a favor del matrimonio heterosexual. La existencia de una garantía institucional determina la inconstitucionalidad de las eventuales normas que tuvieran por objeto suprimir la susodicha institución o la de aquellas que la vacíen de su contenido propio” (declaraciones a Zenit, el 25 de abril de 2005; ref. ZS05042502).

[15] Cf. Rafael Navarro Valls, declaraciones a Zenit, el 25 de abril de 2005; ref. ZS05042502.

bautismo

¿Cómo era la práctica del matrimonio y del divorcio en los primeros siglos de la Iglesia?

Pregunta:

Estimados hermanos.  Leí su escrito sobre Jesucristo y el Divorcio. Me ha surgido una pregunta: ¿cómo era la práctica en la Iglesia apostólica y primitiva con respecto a los que se convertían y venían con una situación matrimonial irregular (casados divorciados, vueltos a casar)? ¿Se les bautizaba?  Agradecido por una respuesta. Fraternalmente.

Respuesta:

Estimado: La consulta que usted me hace no se planteó solamente durante los primeros tres siglos sino a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y especialmente durante la época de las grandes misiones en tierras de paganos. Los misioneros, tanto en América como en África, se encontraron con grandes dificultades al momento de bautizar infieles que habían estado casados de modo natural (y por tanto, con matrimonios válidos por ley natural) pero al solicitar el bautismo no convivían con su primera mujer (con la única con quien estaban válidamente casados) sino con otra; o bien convivían con ella y otras más (poligamia) y no estaban dispuestos a volver a tomar la primera o (en el segundo caso) quedarse con una sola mujer si ésta debía ser la primera. El problema es análogo al que Usted me consulta.

Para hacer frente a estas necesidades pastorales, en 1537 Paulo III autorizó a los indios polígamos convertidos que pudiesen tomar la que prefirieran de entre sus mujeres, si no recordaban o no sabían cuál había sido la primera. San Pío V, en 1571, fue más lejos todavía al concederles, «en virtud de su suprema autoridad apostólica», escoger por esposa legítima a la mujer que quieran (de entre aquellas con quienes estaban casados según su cultura poligámica), con tal de que ésta se bautice con ellos o después, despidiendo a las demás. Gregorio XIII, en 1585, trató de resolver el caso particular de los esclavos negros transportados a América o a otras partes de África que se habían vuelto a casar, ignorando la suerte de sus primeras esposas (si vivían o no, o –lo que representa más dificultad– si se habían convertido al cristianismo o no); también este Papa concede la facultad de casar válidamente, tras el bautismo, en estos casos.  Los tres casos (o al menos los dos últimos) alegan para intervenir, «la suprema autoridad apostólica». Y se apoyan en cuanto ya había dicho Inocencio III: «los matrimonios contraídos por los infieles, aunque sean verdaderos matrimonios, no se deben considerar de tal manera firmes que, en caso de necesidad, no puedan ser disueltos»[1]. Esta legislación ha sido recogida en el Código de Derecho Canónico[2]:

«1148. § 1. Al recibir el bautismo en la Iglesia católica, un no bautizado que tenga simultáneamente varias mujeres tampoco bautizadas, si le resulta duro permanecer con la primera de ellas, puede retener una de las otras, despidiendo a las demás. Lo mismo vale para la mujer no bautizada, que tenga simultáneamente varios maridos no bautizados.

  • 2. En los casos de que trata el § 1, una vez recibido el bautismo, el matrimonio se ha de contraer según la forma legítima, observando también, si es el caso, las prescripciones sobre los matrimonios mixtos y las demás disposiciones del derecho.
  • 3. Teniendo en cuenta la condición moral, social y económica de los lugares y de las personas, el Ordinario del lugar cuidará de que se provea suficientemente a las necesidades de la primera mujer y de las demás que hayan sido despedidas, según las normas de la justicia, de la caridad cristiana y de la equidad natural.
  1. El no bautizado que, una vez recibido el bautismo en la Iglesia católica no puede restablecer la cohabitación con el cónyuge no bautizado por razón de cautividad o de persecución, puede contraer nuevo matrimonio, aunque la otra parte hubiera recibido entre tanto el bautismo, quedando firme lo prescripto en el can. 1141».

La fundamentación teológica para entender la diferencia entre la posible disolución de estos vínculos (sólo por «suprema autoridad apostólica») y la imposibilidad del disolver el vínculo del matrimonio «rato y consumado», está dada por la teología sacramental (es decir, la diferencia entre matrimonio natural y matrimonio sacramental).

Bibliografía para profundizar:

HAMMAN, ADALBERT, Matrimonio y virginidad en la Iglesia Antigua, Desclée, Bilbao 2000.

MANZANARES‐MOSTAZA‐SANTOS, op. cit. en caso nº 4.

DOMINICI, G., La dissoluzione del matrimonio di due non battezati, Roma 1971.

L’OSSERVATORE ROMANO, El poder del Romano Pontífice y el matrimonio de los bautizados, L’OR, 20/11/98, 21.

[1] Cf. J.L. Lazcano, La potestad del Papa en la disolución del matrimonio de infieles, Madrid 1945, pp. 93‐110. 55 Código de Derecho Canónico, cc. 1148‐1149.

[2] Código de Derecho Canónico, cc. 1148‐1149.

matrimonio

He cometido adulterio pero quiero salvar mi matrimonio

Pregunta:

Estimado P. Miguel Ángel Fuentes

Le comento con mucha pena que yo cometí adulterio contra mi esposa a quien amo, aunque el acto que cometí no parezca demostrarlo. Estoy profundamente arrepentido y deseo que mi esposa me perdone y continúe conmigo, sin embrago es difícil ya que ella está muy ofendida. Le he prometido una conversión en Dios sincera y he dado pasos firmes en ello, sin embrago mi esposa continua recordando mucho mi acto. Que consejos me puede dar para poder merecer nuevamente la oportunidad. Le agradezco de antemano cualquier apoyo que me pueda dar. Dios lo bendiga

 

Respuesta

Estimado V.:

Con mucha paciencia gánese nuevamente el cariño de su esposa. Esto implica dos tipos de actos: 1) por un lado, el trato paciente y caritativo con ella, perseverando día a día; 2) por otro, que ella vea en usted una vida realmente cristiana, y cumplidora con Dios (Misa, oración, confesión). Esto le dará confianza, pues de un hombre que es fiel a Dios puede uno esperar que sea fiel a una esposa, a un amigo, a un país. No hay infidelidad conyugal que no comience, primero, con infidelidades a Dios, aunque de éstas no se entere nadie.

Y dele tiempo a su esposa. No se apresure a que le demuestren cariño y confianza. Estas heridas exigen tiempo para restañar.

Con mi bendición. En Cristo y María

P. Miguel A. Fuentes, IVE

esposa

¿Mi esposa me debe obedecer o no?

Pregunta

Buenos días estimado padre Miguel:

Mi nombre es T., vivo en R., Ecuador, soy casado y tengo 2 hijos. Cristo es la cabeza de la Iglesia y el hombre la cabeza de la familia. Durante miles de años siempre fue así pero en los últimos tiempos las mujeres se han hecho más independientes y ahora por más católicas que sean no quieren obedecer a sus maridos argumentando sus derechos de igualdad y etc. Yo le dije a un sacerdote: mi mujer no respeta mi autoridad y él me dijo es que Usted tiene que ganársela… Yo le digo ¿Cómo voy a tener que ganarme lo que DIOS me dio? En resumen: mi esposa no me obedece, piensa que todo debemos llegar a consenso, que por que si ella ve que estoy tomando una mala decisión ella no puede apoyarme. Si se tomara esa idea, entonces nadie podría mandar en ningún lado porque siempre va a haber alguien que con buena o mala intención o por ignorancia va a cuestionar las decisiones del otro. Yo pienso que si yo tengo la autoridad mi esposa debe obedecerme en todo. Si yo ejerzo mal mi autoridad pues ahí estaría pecando, pero ese es mi problema, igual ella debe obedecer. Favor ilústreme al respecto. Gracias.

Respuesta

Estimado T.:

Dios le dio una autoridad sobre su familia, basada simplemente en el hecho de ser el esposo y el padre.  Pero lo que debe ganarse es que esa autoridad sea amada por su esposa y sus hijos. La autoridad puede tenerse pero hacerse odiosa, y se ejerce sin amor ni prudencia. Nadie niega la autoridad del presidente de un país, pero si la ejerce con despotismo, termina por perder el valor moral de la misma. Jesús no solo es nuestro Rey, sino que se hace amar como tal. Eso han querido decirle.

Con mi bendición. En Cristo y María

P. Miguel Ángel Fuentes, IVE

El drama de la infidelidad matrimonial: ¿puede evitarse?

Pregunta:

La consulta ha llegado desde México: Estimado Padre… el motivo que me lleva a escribirle es el deseo de recibir alguna información de su parte en relación al trabajo que estoy desarrollando. Concretamente estoy acompañando pastoralmente algunas parejas y estas presentan algo en común: la infidelidad matrimonial, más por parte del hombre… Quisiera sugerirle que dentro del cuadro ‘el teólogo responde’, presentara alguna reflexión sobre la ‘infidelidad’.

 

Respuesta:

Hay que reconocer la infidelidad matrimonial es uno de los dramas conyugales más graves (aunque no el único) que afectan, en nuestro tiempo, a la institución matrimonial. La infidelidad dentro del marco del matrimonio se denomina ‘adulterio’, como enseña en Catecismo de la Iglesia Católica: ‘El adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio’[1].

El adulterio es un pecado grave que transgrede la ley natural y la ley divina: ‘El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad; ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos. Lesiona el signo de la Alianza que es el vínculo matrimonial. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que necesitan la unión estable de los padres’[2].

A pesar de ello se está constituyendo en una de las muchas plagas que azotan la desasosegada nuestra cultura. Algunos datos estadísticos, que hay que tomar con pinzas, arrojan cifras estremecedoras: el diario La Nación, en su edición del 19 de marzo de 1997, bajo el título ‘Adulterio: nuevo furor sobre un viejo pecado’, cita el estudio realizado por Shere Hite utilizando un cuestionario impreso en ‘Penthouse y otras revistas para adultos’ (es decir, una encuesta realizada entre un público libertino); en este estudio el 66% de los hombres y el 54% de las mujeres de Estados Unidos consultadas afirmaban haber tenido al menos una aventura adulterina. Se cita también el sondeo -hecho con técnicas de muestreo más confiables- de NORC (año 1994, también en Estados Unidos); éste señalaba una praxis del adulterio en el 21,2% de los hombres y en el 11% de las mujeres[3].

Sean cuales sean los datos reales, la situación es una lógica consecuencia del brete cultural en que nos encontramos metidos. Entre muchas causas quiero destacar dos.

La primera es la mentalidad divorcista que ha sumergido la institución matrimonial en una crisis agudísima que amenaza con sofocarlo. La experiencia de 12 años de divorcio en Argentina es elocuente: el divorcio ha engendrado más divorcios y separaciones, menos matrimonios, más concubinatos, menos hijos por matrimonio, más hijos fuera del matrimonio (un estudio del INDEC establecía que en 1995 el 45% de los argentinos nacieron fuera del matrimonio) y envejecimiento poblacional[4]. La situación de los divorciados vueltos a casar, aunque sea dolorosa y pastoralmente merezcan un cuidado singular por parte de la Iglesia[5], es, sin embargo, una situación de adulterio; el hecho de que el fenómeno se extienda cada vez más debe preocuparnos seriamente.

La segunda causa debemos buscarla en la incomprensión -por parte de muchos católicos incluso teólogos y pastores- de la enseñanza de la Humanae vitae sobre el acto conyugal. Muy sabio fue Pablo VI al defender la indisolubilidad de los dos significados o dimensiones del acto conyugal[6]. Éste, por su íntima naturaleza, es al mismo tiempo unitivo y procreador. Mantener la unidad de ambos aspectos es condición esencial para respetar la ‘totalidad’ de la entrega matrimonial. El matrimonio es ‘uno con una para siempre’, para ‘darse totalmente cada vez que se entregan en su relación conyugal’. El no comprender este segundo elemento puede conducir a la postre a no entender el sentido del primero. El robarle un significado al acto conyugal, como ocurre en el fenómeno de la anticoncepción (en la que se le despoja voluntariamente del valor procreador), implica una donación mezquina, un amor a medias, un regalo truncado. Quien se acostumbra a este modo (parcial) de darse, puede terminar por preguntarse qué mal hay en reservarse parte de sus sentimientos para compartir con alguien distinto de su cónyuge legítimo. Esto no es una cosa nueva. El mismo Pablo VI advirtió en la Humanae vitae que el uso generalizado de anticonceptivos conduciría a ‘la infidelidad conyugal y a la generalizada degradación de la moralidad’, y asimismo que el hombre perdería el respeto hacia la mujer y ‘ya no le importaría su equilibrio físico y psicológico’, hasta el punto en que él la consideraría ‘como un mero instrumento de disfrute egoísta, y ya no como su respetada y amada compañera’[7]; lo único que cabe agregar es que el mismo fenómeno se da hoy en muchas mujeres respecto de sus esposos. La mentalidad hedonista, con su conceptos tergiversados del sexo seguro, de las relaciones prematrimoniales, de los matrimonios a prueba, con su desprecio de la virginidad, etc., propagados con la complicidad de los medios masivos de información y de auténticas ‘multinacionales’ del sexo, han extendido inquietantemente este modo ponderar el amor y la sexualidad.

¿Qué hacer para remontar este clima de infidelidad? En general, lo que está a nuestro alcance, es el preparar a los futuros esposos para vivir la fidelidad en todas sus dimensiones, y predicar eso mismo a los hombres y mujeres en general, especialmente a los ya casados[8].

El verdadero amor exige espontáneamente la exclusividad. El universo del amor tiene dos polos; el amor verdadero tiene como característica la ‘suficiencia intrínseca’, es decir, que los que se aman no necesiten de nadie más. Si necesitan de ‘alguien’ de afuera para dar plenitud a su corazón, lo que está fallando es el amor.

Pero no solamente el amor exige la fidelidad, sino que la fidelidad ‘protege’ al amor. Todo esfuerzo por ser fiel, especialmente en los momentos de tentación fuerte, repercuten aumentando, purificando y transformando el amor de los esposos.

Normalmente a la infidelidad -en el sentido de ‘engaño’ del cónyuge con otro amante- es algo que sucede porque se entiende la fidelidad conyugal en un sentido restrictivo. La verdadera fidelidad implica tres dimensiones: es la fidelidad cordial, mental y carnal. Lamentablemente, muchos la identifican exclusivamente con esta última; y esta última, sola -sin las otras- no puede mantenerse en pie.

1) Fidelidad cordial, del corazón, quiere decir reservar el corazón para el cónyuge, y renovar constantemente la entrega que se le ha hecho la vez primera en que se declaró su amor. Dice Gustave Thibon: ‘La verdadera fidelidad consiste en hacer renacer a cada instante lo que nació una vez: estas pobres semillas de eternidad depositadas por Dios en el tiempo, que la infidelidad rechaza y la falsa fidelidad momifica’. Charbonneau añade: ‘el marido que deja dormir su corazón ya es infiel’. Fidelidad implica, por tanto:

-como dimensión positiva: reiterar la entrega del corazón; los esposos están obligados, en virtud de amor, a ser afectivos entre sí; demostrarse el cariño. Flor que no se riega se marchita; corazón que no ese alimentado, busca comida en otros platos.

-como dimensión negativa: evitar todo trato imprudente con personas de otro sexo. Entiendo por trato imprudente aquellas manifestaciones de afecto (a veces puramente a nivel de amistad) que pueden empezar a ablandar el corazón. La persona con quien no se convive, la que es tratada sólo esporádicamente, siempre revela menos defectos que aquella que comparte el propio hogar… Y… el prado del vecino siempre parece más verde… por el solo hecho de mirarlo de lejos. Así, de los tratos reblandecidos (lo que no quiere decir que todos debemos ser corteses y cordiales con el prójimo) pueden ser inicio de enamoramientos.

2) Fidelidad mental: no sólo es adulterio e infidelidad el contacto carnal con la persona ajena al matrimonio, sino también el pensar en ella y desearla. La fidelidad exige castidad de pensamientos, memoria y deseos. El que maquina, imagina, sueña despierto, ‘aventuras’, aunque no tenga intención de vivirlas en la realidad, ya es infiel, y esto prepara el terreno para la infidelidad en los hechos. En este sentido, difícilmente guardará la fidelidad conyugal quien mira o lee revistas o películas pornográficas, o con algún contenido pornográfico; quien no cuida la vista ante otras mujeres u hombres; quien asiste o frecuenta ambientes donde no se tiene el mínimo pudor en el vestir o en el hablar. La castidad exige, para poder ser vivida, un ‘ambiente casto’. Esto no es puritanismo; esto es simplemente lo ‘normal’, lo adecuado a la norma. Considero que la falta de seriedad en esta dimensión es causa principal de las infidelidades matrimoniales, y no se puede poner remedio a este problema si no se empieza por cortar con el caldo de cultivo de toda infidelidad que es la falta de castidad en las miradas, en el pensamiento y en el deseo.

3) Fidelidad carnal: es bastante claro y evidente por sí. La infidelidad carnal es siempre una profanación del cónyuge inocente, porque el matrimonio ha hecho de ellos una sola carne (Mt 19,5); al entregarse uno de ellos a una persona ajena al matrimonio, ensucia y rebaja la persona el cónyuge.

Finalmente, hay que tener siempre en cuenta que la fidelidad es una gracia; como tal, los esposos deben pedirla, es decir, rezar pidiendo a Dios no faltar nunca a la palabra dada en el matrimonio. Especialmente quienes se encuentran en situaciones más difíciles, ya sea por el ambiente en que viven o por hábitos desordenados largo tiempo consentido, deben recordar que la Iglesia nos enseña a orar con San Agustín: Da quod iubes et iube quod vis (da lo que mandas y manda lo que quieras)[9]. El Concilio de Trento completó esta afirmación con una expresión magnífica: ‘Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas’[10].

P. Miguel A. Fuentes, IVE


[1] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2380.

[2] Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2380-2381.

[3] Cf. La Nación, 19/03/1997; p. 17.

[4] Véase el estudio de Jorge Scala, Sociología de diez años de divorcio en Argentina, en: Jorge Scala y otros, Doce años de divorcio en Argentina, EDUCA, Bs. As. 1999; esp. pp. 119ss..

[5] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 84.

[6] Cf. Humanae vitae, 12.

[7] Cf. Humanae vitae, 17.

[8] Tomo, con libertad, algunas ideas del libro de Paul-Eugène Charbonnaeu, Curso de preparación para el matrimonio, Herder, Barcelona 1984, pp. 188-197.

[9] San Agustín, Confesiones, X, 29, 40.

[10] Concilio de Trento, Decreto sobre la justificación, c. 11; DS 1536.